La iniciativa ciudadana de ley es un mecanismo de participación ciudadana en la actividad legislativa. Éste  opera con un número determinado de firmas, que en el caso chileno podría ser de 30 mil, las que serán validadas por el Servicio Electoral, para que el Senado o la Cámara de Diputados inicie un proceso legislativo (tramitación), siempre que sea admisible y comprenda las materias que la Constitución señale. Logrado lo anterior esta iniciativa es tratada de igual forma que un proyecto ley. Este mecanismo está presente en diferentes democracias del mundo y permite a los ciudadanos someter sus proposiciones a la deliberación del poder legislativo. Se práctica en países europeos como: Suiza (pionero), España, Italia, Austria, Hungría, Liechtenstein, en Latinoamérica se dan los casos como Argentina, Costa Rica, Uruguay, Cuba, Ecuador, Venezuela, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay. Además de algunos estados de Estados Unidos.

En los países antes mencionados se dan parámetros comunes como determinar un número mínimo de ciudadanos como requisito para presentar proyectos, se excluyen ciertas materias que son de exclusividad presidencial; como leyes tributarias, de defensa, relaciones exteriores, indulto y presupuesto nacional.

¿Hay democracia sin participación?

En cuanto a este tema existe un problema que se da a nivel de muchas democracias; es decir existe democracia, pero sin la participación directa de la ciudadanía en algunos aspectos.

Hay que destacar que los derechos que aseguran esta participación ciudadana son: el derecho de asociación, acceso a la información pública, a adoptar decisiones a través de plebiscitos en los casos previstos por la Constitución (Art.128 y 129), los derechos políticos, como por ejemplo el de sufragio y el optar a cargos de representación popular. Estos emanan de la naturaleza humana y hacen que el hombre defienda los derechos de manera colectiva y concite el interés en lo público.

Por tal motivo se han presentado en el Congreso diferentes mociones, incluido el  Ejecutivo, que está dispuesto a generar instancias que fortalezcan la participación ciudadana y la defensa de los derechos personales, lo cual se materializa en un Proyecto de Reforma Constitucional sobre la materia en discusión en el Congreso Nacional. El proyecto ingresó el 31 de julio de 2007, a la Cámara de Diputados, pero hoy se encuentra en su primer trámite, sin urgencia, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia (Boletín 5221-07).

En su oportunidad la presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, valoró el paso que ha dado el Ejecutivo en torno a generar mecanismos que fortalezcan la participación ciudadana y la defensa de los derechos de las personas; materias que consideró fundamentales para fortalecer aun más la democracia chilena.

Un acontecimiento de gran manifestación de la sociedad civil frente al Estado, fue el plebiscito  del 5 de octubre del 1988. En esa fecha la sociedad se organizó y convocó en torno esa idea, pero con el pasar del tiempo los deseos inspiradores del cambio se esta sociedad civil se han visto un tanto aletargados.

En cuanto a las apreciaciones que tiene Castillo acerca del proyecto enviado por el Ejecutivo “hasta la fecha no se   conoce una propuesta sustantiva de los contenidos que darán cuerpo a la propuesta. Cabe destacar el espíritu que anima el proyecto, cuando señala que la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos contribuye a democratizar el sistema político y permite introducir un mayor dinamismo y cohesión en la sociedad civil, idea que ciertamente apunta a abrir paso a una democracia integradora y de mayor vigor”.

Para el director de la ONG Forja, Sebastián Cox “desde el punto de vista de un proyecto de origen del Ejecutivo y si fuere coherente con lo que se postula, el mismo mensaje debiera estar precedido y fundado en una plataforma argumentaria y en una legitimidad social-ciudadana, más que en referencias a legislaciones comparadas e iniciativas y/o normativas aprobadas en otros países y territorialidades. Pienso que las políticas públicas y las propuestas legislativas deben fundarse y tener su legitimidad política  en la adhesión y apoyo ciudadano. Así debiéramos entender que avanzamos en democracia, mayor protagonismo y satisfacción ciudadana”.

Creo que algunos parlamentarios han tenido y tomado iniciativas...Otros no. A la mayoría les atemoriza el eventual "mayor poder" de la ciudadanía y la disminución del suyo. En este sentido, hay que respaldar, hacer críticas positivas y sumarse al actual proyecto, mejorándolo para beneficio ciudadano, de las mayorías y de la democracia”, puntualiza Cox.

Democracia y desafección política

Para la investigadora de FLACSO, Carolina Aguilera, el poder legislar en torno a la incorporación de la iniciativa ciudadana en nuestro ordenamiento jurídico, genera una serie de beneficios para nuestra democracia y para los ciudadanos, ya que ellos tendrían la posibilidad de iniciar procesos legislativos, al igual que hace el ejecutivo y el legislativo actualmente, con lo cual se podría incrementar el grado de participación e interés de la ciudadanía en los temas públicos.

Sin embargo, hay problemáticas sociales en que la participación de la ciudadanía organizada ha jugado un rol central, como es el caso del proyecto de ley marco sobre derechos sexuales y reproductivo, iniciativa de muchas organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con parlamentarios de diferentes bancada.

Y en cuanto a su apreciación respecto al proyecto presentado por el Ejecutivo lo considera bastante general y que recoge las principales características de los sistemas de Iniciativa Popular Legislativa (IPL) existentes en el mundo, “se debiera poder asegurar que los proyectos ingresados vía IPL tengan un tratamiento legislativo medianamente ágil, de modo que estas iniciativas ciudadanas efectivamente se traduzcan en una manera de fortalecer la participación ciudadana en política”.

Uno de los aspectos que destaca la socióloga, Carolina Aguilera es que el proyecto presentado por el Ejecutivo, contempla que toda propuesta de ley de iniciativa popular o ciudadana tiene que ser legislada por el Congreso, lo cual es una versión restringida de la IPL. “Esto puede ser visto como una desventaja del proyecto si uno parte desde una perspectiva de democracia participativa. Pero, por otro parte, esto puede ser también una ventaja de la propuesta, ya que creo que habría sido poco probable que el Congreso aprobara la posibilidad de que los ciudadanos inicien proyectos de ley que luego se tengan que refrendar, sin que pasen por el Congreso previamente. Y en este sentido este aspecto es una ventaja, ya que le da viabilidad al proyecto”.

Una de las grandes inquietudes es si la sociedad chilena está preparada para enfrentar este mecanismo de Iniciativa Ciudadana de Ley, debiéramos pensar que sí, si es que partimos de la premisa de que la democracia es la soberanía que descansa en el pueblo, es decir en los ciudadanos, pero como señalan los estudiosos de este tema, muchas veces en necesario recurrir a sistemas de representación como es el Congreso.

“Como en todo proceso, las fuerzas de la conservación y el cambio estarán presentes. Para quienes ven la actividad política como una acción global o total, en donde los actores de la conducción son sólo las instituciones tradicionalmente establecidas para ello, bien podrían ver una amenaza en esta iniciativa que promueven actores sociales eventualmente autónomos; en cambio, quienes interpretan esta propuesta como una señal de modernidad democrática, seguramente se entusiasman con la posibilidad de la deliberación ciudadana. Con esta iniciativa, está en juego la posibilidad de mejorar la calidad de la política en Chile, por lo que se requiere de los congresistas estar muy conscientes de ello”, puntualiza Castillo.

Agrega Aguilera que “como sociedad sí estamos preparados, y la existencia de IPL puede ser un incentivo para que la gente se informe más y mejor sobre los temas, y que los medios de comunicación también contribuyan a ello. Además permitirá que los congresistas tengan un mejor conocimiento de las prioridades de la ciudadanía. En la medida que tengamos ciudadanos informados y dispuestos a organizarse para proponer iniciativas de ley, va a mejorar el vínculo tradicional entre partidos y ciudadanos, el cual hoy está deteriorado”.

Al respecto, señala el valor de la democracia participativa y cree que la reforma constitucional se aprobará a mediano plazo, lo indispensable asegura; es que habrá que discutir en mayor profundidad su funcionamiento.al respecto, en que señala el valor de la democracia participativa y cree que la reforma constitucional se aprobará a mediano plazo, lo indispensable asegura; es que habrá que discutir en mayor profundidad su funcionamiento.